El dinero solo no acaba con el crimen
Siete años después de iniciado el Plan de Seguridad Democrática, con presupuestos anuales en aumento, las cifras de muertes por homicidio culposo o asesinato son casi las mismas. En 2005, cuando se puso en marcha el Plan, la tasa de homicidios en la República Dominicana era de 25.8 por cada 100,000 habitantes. Desde entonces esa medición ha oscilado entre 22 y 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el país la criminalidad ha aumentado en un 246% en los últimos seis años, proporción considerada por ese organismo como la mayor entre los países de América Latina.
Los homicidios, asaltos, narcotráfico, muertes por encargo, secuestros y enfrentamientos entre vándalos, no han decaído. Es un escenario que cuestiona los objetivos básicos de un proyecto que en principio vendió certidumbre y confianza entre los dominicanos.
La incidencia del Plan de Seguridad en la reducción de las muertes violentas no parece, en fin, relevante sino poco eficiente.
Cuando en agosto del 2005, el presidente Leonel Fernández puso en vigencia el Plan lo consideró el más ambicioso programa de seguridad ciudadana, nunca aplicado en la República Dominicana.
El buque insignia del Plan se denomina “Barrio Seguro”. Fernández prometió “pulverizar” el crimen en el terreno escogido por los delincuentes. El año 2005, el primero de “Barrio Seguro”, culminó con 2,382 homicidios, según el informe sobre la evolución de muertes violentas en el país, preparado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
El año siguiente de la puesta en vigencia de este plan tutelar (2006), cuando la ciudadanía tenía mejores perspectivas de los operativos desplegados, se produjeron 1,934 homicidios (un 18,81% menos que el anterior). Es el mayor descenso en la cifra de homicidios registrada por el plan. Coincide con el mayor aumento presupuestario interanual.
La gran mayoría de las muertes de ese año fueron por armas de fuego, según las memorias de la Policía Nacional depositadas en el Congreso Nacional. Los heridos por ese motivo sumaron 5,423.
En los años subsiguientes, 2007, 2008 y 2009, se registraron 6 ,779 homicidios en conjunto, según las mismas cifras de la ONE. Equivale a una media de 2.260 muertes por año, menos que las registradas el año que se inició el Plan. En el 2010, sin embargo, se registraron 2,495 muertes violentas, 113 más que el año del arranque del Plan (un 4,5% más respecto a 2005). De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en 1,618 de esas muertes se usaron armas de fuego.
El Gobierno dedicó 120,000 milones de pesos entre 2005 y 2010 para obtener una reducción media de homicidios que no llega al 4% en ese período. Es un nivel de eficiencia discutible.
“Independientemente de que sean muchos o pocos, es indudable que los recursos invertidos por las autoridades para la preservación de la paz pública no han logrado otra cosa que sembrar terror y espanto entre nosotros”, asegura el abogado Julio Cury. El Gobierno define el Plan de Seguridad Democrática como un programa para “garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos”. Esta intención le cuesta al Estado gran parte de la partida presupuestaria que le asigna al Ministerio de Interior y Policía.
En el país la criminalidad ha aumentado en un 246% en los últimos seis años, proporción considerada por ese organismo como la mayor entre los países de América Latina.
Los homicidios, asaltos, narcotráfico, muertes por encargo, secuestros y enfrentamientos entre vándalos, no han decaído. Es un escenario que cuestiona los objetivos básicos de un proyecto que en principio vendió certidumbre y confianza entre los dominicanos.
La incidencia del Plan de Seguridad en la reducción de las muertes violentas no parece, en fin, relevante sino poco eficiente.
Cuando en agosto del 2005, el presidente Leonel Fernández puso en vigencia el Plan lo consideró el más ambicioso programa de seguridad ciudadana, nunca aplicado en la República Dominicana.
El buque insignia del Plan se denomina “Barrio Seguro”. Fernández prometió “pulverizar” el crimen en el terreno escogido por los delincuentes. El año 2005, el primero de “Barrio Seguro”, culminó con 2,382 homicidios, según el informe sobre la evolución de muertes violentas en el país, preparado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
El año siguiente de la puesta en vigencia de este plan tutelar (2006), cuando la ciudadanía tenía mejores perspectivas de los operativos desplegados, se produjeron 1,934 homicidios (un 18,81% menos que el anterior). Es el mayor descenso en la cifra de homicidios registrada por el plan. Coincide con el mayor aumento presupuestario interanual.
La gran mayoría de las muertes de ese año fueron por armas de fuego, según las memorias de la Policía Nacional depositadas en el Congreso Nacional. Los heridos por ese motivo sumaron 5,423.
En los años subsiguientes, 2007, 2008 y 2009, se registraron 6 ,779 homicidios en conjunto, según las mismas cifras de la ONE. Equivale a una media de 2.260 muertes por año, menos que las registradas el año que se inició el Plan. En el 2010, sin embargo, se registraron 2,495 muertes violentas, 113 más que el año del arranque del Plan (un 4,5% más respecto a 2005). De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en 1,618 de esas muertes se usaron armas de fuego.
El Gobierno dedicó 120,000 milones de pesos entre 2005 y 2010 para obtener una reducción media de homicidios que no llega al 4% en ese período. Es un nivel de eficiencia discutible.
“Independientemente de que sean muchos o pocos, es indudable que los recursos invertidos por las autoridades para la preservación de la paz pública no han logrado otra cosa que sembrar terror y espanto entre nosotros”, asegura el abogado Julio Cury. El Gobierno define el Plan de Seguridad Democrática como un programa para “garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos”. Esta intención le cuesta al Estado gran parte de la partida presupuestaria que le asigna al Ministerio de Interior y Policía.
Posted by Unknown
on viernes, noviembre 04, 2011.
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Nacionales
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