Policía, DNCD, inteligencia enfrentan criminalidad

Los organismos de represión del Estado han reaccionado ante una serie de hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas, que han elevado el estado de tensión y temor de la sociedad. En la percepción de la población, el país vive en un estado de alta violencia y un auge de la delincuencia, lo que ha urgido a las autoridades a tratar de revertir la situación con medidas drásticas contra los anti sociales, un amplio operativo policial de vigilancia en las calles y un apelativo a la Justicia de que sea más rígida contra los anti sociales.

La situación, dramáticamente expuesta por el Presidente Leonel Fernández, la fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, el abogado Ramón Antonio Veras y del jefe de la Policía, general José Armando Polanco Gómez, el sábado pasado en Santiago, provocaron medidas inmediatas: un amplio patrullaje policial, tanto en Santiago como en la Capital, la provincia Santo Domingo y la generalidad del país, una estructura de inteligencia para actuar contra los grupos delincuenciales, especialmente el narcotráfico y el sicariato, motorización de reformas en el Código Procesal Penal, la eliminación del uso de celulares por los presos en los diferentes recintos carcelarios del país.

El narcotráfico y los feminicidios son, sin dudas, los casos de mayor incidencia en la ola de violencia que sufre el país, aunque también, como se quejó el Presidente Fernández, están las acciones delincuenciales en que muchos de los acusados son 'protegidos' por los tecnicismos judiciales y logran su libertad, volviendo a delinquir aún teniendo verdaderos prontuarios en los archivos policiales.

Los crímenes por narcotráfico ocurridos en Santiago en los últimos días, la violencia intrafamiliar, principalmente los feminicidios, los atracos y la violencia callejera en pleitos entre bandas de delincuentes o por pleitos, han dejado un número considerable de víctimas y de terror por las formas en que muchas veces se han cometido los crímenes.

La preocupación, entonces, provocó la convocatoria del Presidente Fernández, quien se involucró directamente en la búsqueda de soluciones al encabezar el "Encuentro Cívico de Santiago por la Seguridad", en que emitió sus críticas por la facilidad con que los delincuentes salen de las cárceles tras obtener decisiones durante los pedidos de coerción o sentencias favorables.

Dicho esto, las reacciones no se hicieron esperar. Desde los litorales del Ministerio Público y del propio sistema de justicia se escucharon las respuestas que dieron el Procurador General, Radhamés Jiménez, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.

Las inquietudes del Jefe del Estado provocaron que el Procurador Jiménez hiciera una exhortación a los congresistas, de adoptar en tiempo prudente la modificación del Código Procesal Penal para "estrechar los resquicios" que facilitan a delincuentes salir con facilidad de las cárceles y que "algunos jueces se aventuren a dejar libre a personas con varios hechos criminales a su cargo, pese a la oposición del Ministerio Público".

El principal funcionario del Ministerio Público, en una reunión sostenida el pasado lunes con el presidente de Indotel, David Pérez, y los directores de Prisiones y del Nuevo Modelo Penitenciario, Roberto Obando Prestol y Roberto Santana, aseguró que se toman medidas para erradicar los celulares de las distintas cárceles, para lo cual se utilizarán inhibidores de señal, para evitar las comunicaciones, y perros amaestrados para detectar la presencia de los teléfonos.

También el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, fue solícito en reaccionar a las quejas del gobernante hacienda una exhortación a los jueces penales para que tomen en consideración el criterio de la situación denunciada al momento de la imposición o variación de las medidas de coerción, en procura de evitar que los delincuentes salgan de las cárceles con facilidad.

Dijo que en más de una ocasión ha expresado opiniones que hoy coinciden con las del Presidente de la República, relativas a la puesta en libertad bajo fianza de imputados o imputadas luego de la comisión de delitos graves.

Santiago se incluye entre las siete provincias del país que concentraron en la primera mitad del año 2011 la mayor cantidad de hechos de violencia y criminalidad que han arrancado la vida a unas 1,260 personas y provocado heridas y lesiones permanentes a más de 2,000.

Investigadores policiales vinculan un alto porcentaje de esas muertes al trasiego de drogas en calles de las grandes ciudades y al narcotráfico internacional.

De enero a julio de este año la fiscalía del distrito judicial Santiago recibió 6,969 denuncias de violencia de género e intrafamiliar (a nivel nacional, el Ministerio Público ha recibido 30,522), dato que dio a conocer la Coalición Sociedad Civil por el Derecho a la Vida de las Mujeres. Eso sin contar los cotidianos casos de atracos, los crímenes por narcotráfico, entre otros.

De las 6,969 denuncias que corresponden a la provincia Santiago, la Unidad de Atención Permanente local recibió 5,159 en perjuicio de mujeres; 1,055 de niñas; 95 de niños y 660 de hombres.

Toda esa situación de violencia motivó a que las autoridades, encabezadas por el Presidente Leonel Fernández organizaran en Santiago un evento para discutir con distintos sectores de aquí todo lo relativo a la vorágine de violencia que ha llevado preocupación a la ciudadanía.

Entre las medidas dispuestas, y luego de un vehemente pedido en ese sentido de la fiscal de Santiago, el Presidente Fernández dispuso que los organismos de seguridad del Estado aumente su presencia y que junto a las unidades de inteligencia e investigación de la Policía redoblen sus acciones, tanto en Santiago como en otros puntos del país, a fin de prever las acciones delictivas y ayudar a enfrentar a los anti sociales.

Asimismo design una comisión de seguimiento, que él encabeza y dijo dará seguimiento, la cual integran el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul; el Procurador Jiménez; la fiscal Reynoso; el jefe de Policía, general Polanco Gómez; el presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo; la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz; el asesor en materia de Drogas del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo, y monseñor Agripino Núñez Collado, quien será el coordinador.